A pesar de que un juez en Guerrero otorgó a Carlos la guardia y custodia legal, Andrea aprovechó una convivencia de verano para llevarse a la niña y no devolverla. Desde entonces, el padre ha enfrentado no solo el dolor de la separación, sino un muro de injusticia en los tribunales de Morelos, donde la jueza Valeria Valencia Vega Altamirano ha ignorado pruebas documentales, periciales psiquiátricas y audios amenazantes.
¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Por qué una jueza protege a quien ha sido diagnosticada como inestable y violenta? ¿Cuánto más tiene que soportar una menor que ya había encontrado amor, estabilidad y desarrollo?
Como si no bastara la evidente parcialidad de la jueza, la psicóloga del Departamento de Orientación Familiar, de apellido Bahena, ha actuado en abierta contradicción con diagnósticos psiquiátricos especializados que advertían el perfil inestable de Andrea “N”. Por razones que solo pueden explicarse desde la sospecha, Bahena ha emitido opiniones que favorecen a la madre, ignorando evaluaciones clínicas serias y avaladas. Esta conducta pone en entredicho su ética profesional y revela el grado de corrupción que contamina incluso los dictámenes técnicos que deberían proteger a la infancia.
El dictamen psicológico presentado en el caso de custodia de la menor está gravemente viciado por la evidente parcialidad de la perito Nancy Georgina Treto Bahena, cuya trayectoria en casos familiares revela un patrón sistemático de favorecer narrativas femeninas, incluso cuando contradicen la evidencia. En este caso, Treto Bahena ignoró las graves inconsistencias en el testimonio de Andrea "N" —como su manipulación en pruebas psicológicas (PAI) y su historial de acusaciones no corroboradas— mientras exageró rasgos de personalidad en Carlos "N" mediante tests subjetivos y desacreditados como el ‘Persona bajo la lluvia’. Peor aún, la perito omitió evaluar el entorno actual de la niña, donde la pareja de Andrea, Juan, ha sido señalado por la propia menor por hostigamiento y burlas. Este no es un error técnico: es un acto de negligencia profesional que perjudica el interés superior de la menor y viola los principios de imparcialidad exigidos en un peritaje forense.
Carlos Alberto "N" ha sido víctima de una campaña de criminalización basada en un dictamen amañado y en acusaciones sin sustento. Lejos del perfil agresivo que se le ha intentado imponer, las pruebas objetivas —como el test CUIDA— reconocen su capacidad para ejercer un cuidado responsable, mientras que la niña solo manifestó temores hacia él después de años de influencia materna. Carlos, con estudios de maestría y sin antecedentes penales, ha cumplido con todas las obligaciones paternales, incluso financiando la educación de su hija en escuelas privadas. Es inadmisible que un padre comprometido sea apartado de su hija por un peritaje sesgado que ignora su derecho a convivencia y los graves riesgos emocionales que la niña enfrenta en su actual entorno. Exigimos que la justicia rectifique este atropello y priorice, por fin, el bienestar real de Rebecca sobre intereses particulares.
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