Por: Mtro. Pedro Martínez Bello
En estos tiempos cuando la credibilidad de quienes representan alguna institución del gobierno estatal y los municipales es necesario recurrir al escrutinio ciudadano y la revocación del mandato.
De ahí la importancia de hacer trabajar a un ineficiente y partidizado Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), en poner en marcha las figuras democráticas del plebiscito, la consulta popular y el referéndum mediante las formas de como son elegidos los representantes populares, bajo urna y con el voto secreto.
De hecho, aún y con su retraso en los trabajos legislativos por vacaciones y “falta de tiempo” para realizar su labor principal, dentro de la Cámara de Diputados debe actuarse con una reforma Constitucional para que los diputados locales, magistrados, presidentes municipales, gobernadores, rectores, regidores, síndicos, titulares de organismos descentralizados como el Impepac, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), entren al escrutinio de la ciudadanía y la revocación del mandato.
Hoy la parálisis legislativa dentro de la Quincuagésima Sexta Legislatura local (como un ejemplo de varios) solo provoca problemas entre la base laboral del gobierno estatal con derecho a pensionarse o jubilarse, pero como en la Comisión del Trabajo y Seguridad Social se trabaja por intereses económicos, hay un rezago increíble en los dictámenes sobre el derecho constitucional de los burócratas en poderse retirar después de haber cumplido su ciclo dentro de la Población Económicamente Activa (PEA).
Otro ejemplo es el Tribunal Superior de Justicia en donde también la revocación del mandato en los magistrados debe ser plena y abierta, situación que los diputados locales por intereses partidistas no la contemplaron y ahí está la basura de reforma al Poder Judicial que aprobaron con el aval de los Cabildos del estado de Morelos.
Hoy los justiciables están en espera de ser considerados por el Pleno Judicial, que no sostiene sesiones porque está dividido y no hay un magistrado presidente reconocido a su interior y exterior, en perjuicio de toda la sociedad. Sin embargo, son una pesada carga económica para un pueblo pobre como lo es el estado de Morelos.
Por ello es indispensable que en los tiempos de incredulidad hacia quienes encabezan las instituciones del gobierno deben ser sometidos a la revocación del mandato, que sea bajo la opinión social y no la de los partidos políticos que se han apoderado de los espacios públicos para generar burocracias doradas y eso no es la democracia que presumen promover.
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