Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos intentaron extorsionar a la gobernadora Margarita González Saravia, exigiendo haberes de retiro injustificados, millones en efectivo y hasta impunidad en denuncias pendientes, a cambio de definir su voto para elegir al próximo presidente del Poder Judicial. La peor cara del servidor público se refleja en estos actos: carentes de valores, operan como una red delictiva que lastima a una sociedad ya golpeada por la corrupción.
Tras nueve sesiones fallidas, los magistrados —divididos entre el grupo de Uriel Carmona y los panistas leales a Daniel Terrazas— no lograron acuerdos, pues cada uno negociaba sus privilegios. Incluso diputados de MORENA, seducidos por dinero, traicionaron a la gobernadora. Mientras, el Ejecutivo estatal quedó traicionada, con su equipo clave ausente en un momento crítico.
La reforma judicial, que en teoría buscaba gobernanza, fracasó: no previó que la ambición desmedida por controlar un presupuesto millonario y el Fondo Auxiliar paralizaría al Pleno. Hoy, sin presidente, el Tribunal es un "coto de poder" donde magistrados como Juan Emilio Elizalde y Juan Gabriel Vargas Tellez buscan jubilaciones doradas, perpetuando un sistema de corrupción y chantaje.
Morelos no merece ser rehén de 22 magistrados que convirtieron la justicia en un negocio. La ciudadanía exige un cambio urgente: que asuman su función o que su lugar esté en la basura de la historia. Basta de arribistas; mañana será el pueblo quien dicte la agenda.
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